Convocatoria a contribuciones, N° 33.

Dossier: «Constitución y democracia: a 30 años de la última reforma constitucional argentina (1994-2024), un balance en contexto de crisis»

En 1994 se produjo la última modificación formal de la Constitución argentina. En un contexto signado por el cierre del período de la transición a la democracia –el Pacto de Olivos fue uno de sus símbolos– y reformas económicas amplias y profundas, que alteraron sustancialmente la relación del Estado con la sociedad, la dirigencia política nacional consensuó una reforma constitucional. Las experiencias acumuladas desde la sanción de esta reforma y, especialmente, el desacople entre algunas de las expectativas que la inspiraron y los resultados institucionales efectivamente obtenidos, obligan a un balance de la política constitucional de las últimas tres décadas. A esta luz, la reforma constitucional de 1994 presenta una imagen ambigua. 

En sintonía con una asentada tradición del constitucionalismo latinoamericano, que se muestra innovador en la cuestión de los derechos a la vez que muy conservador en cuanto a la organización de los poderes públicos, el balance con respecto a estas orientaciones de política constitucional parece menos feliz. En el cuadro actual, el examen de la reforma constitucional argentina de 1994 no puede eludir algunas preguntas fundamentales:

¿Es la reforma constitucional de 1994 el mojón que marca la definitiva consolidación democrática? ¿Es, más bien, el hito consagratorio del triunfo del neoliberalismo en el plano institucional? Si se trata de una convergencia de ambas, ¿cuáles son los efectos de largo plazo de esta combinación?

¿Ha servido a la atenuación del sistema presidencialista la introducción de la figura del Jefe de Gabinete de Ministros? ¿Ha operado en esa misma dirección la regimentación constitucional de los decretos de necesidad y urgencia y de la delegación legislativa? 

¿La elección directa del Presidente de la República por distrito único nacional con posibilidad de una reelección ha vigorizado la legitimación del sistema democrático, o ha fortalecido las tendencias delegativas de nuestra democracia? ¿Cómo ha incidido en la dinámica del sistema el acortamiento de los mandatos?

¿Qué efectos sobre la ciudadanía realmente existente ha tenido la introducción de nuevos derechos y garantías (usuarios y consumidores, ambiente sano, defensa de la democracia, partidos políticos, iniciativa legislativa popular)?

¿Cuáles han sido los resultados del Consejo de la Magistratura en términos de probidad e independencia de la judicatura? La constitucionalización del amparo y la introducción de los tratados de derechos humanos como parámetros de constitucionalidad, ¿han ampliado indeterminadamente el radio de discrecionalidad en la praxis judicial? ¿Es posible hablar de la consolidación de un Estado jurisdiccional?

¿La descentralización de funciones gubernamentales y la introducción del principio de subsidiariedad han servido al fortalecimiento del sistema federal? Si es así, ¿ha consistido este fortalecimiento en un aumento de la negociación política entre niveles de gobierno, en una mejora de la coordinación, eficacia y eficiencia del sector público en su conjunto, en una mejora de la calidad de vida de las poblaciones? ¿Qué efectos han tenido la provincialización de los recursos del subsuelo y la apertura a la relaciones exteriores provinciales?

En atención a las transformaciones normativas y jurisprudenciales producidas en la última década, ¿cuál es el actual estatus constitucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Qué repercusiones sobre la fiscalidad federal ha tenido la erección de esta nueva jurisdicción? ¿Es posible describir al proceso de consolidación de su “autonomía” como una creciente “provincialización”? 

¿Qué resultados para el federalismo fiscal ha tenido la constitucionalización del régimen de coparticipación federal, de la autonomía municipal y del instituto de las leyes-convenio? ¿Qué indica la imposibilidad de sancionar una nueva ley de coparticipación federal pese a que la Constitución reformada impuso su necesidad? ¿Obedecen los actuales criterios distributivos a los parámetros de solidaridad, equidad y grado de desarrollo equivalente fijados por la Constitución?

Estas preguntas no pretenden agotar las posibilidades del examen, sino apenas invitar a la reflexión acerca de la situación actual y perspectivas futuras de nuestro Estado democrático-constitucional. 

Cronograma

1. Entrega del manuscrito:  31 de octubre.

2. Publicación: diciembre de 2024

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Leonardo Eiff (UNGS/Conicet): leoeiff@yahoo.com.ar 

Tomás Wieczorek (UBA/Conicet): tomaswiecz@gmail.com